El abogado Namphi Rodríguez urgió la aprobación de una Ley de Protección a Víctimas y Testigos que corrija el desequilibrio procesal a favor de los imputados que caracteriza el sistema procesal penal dominicano.

Rodríguez dijo que pese al hecho de que la Constitución y el Código Procesal Penal establecen que las partes intervienen el proceso en condiciones de igualdad, la realidad es que existe una serie de situaciones que hay que corregir porque dejan a la víctima en estado de indefensión procesal.

“No puede ser que el testimonio de una víctima tenga un escaso valor supuestamente porque es parte interesada. ¿Quién más que la víctima para describir la magnitud del daño que ha sufrido por un acto ilícito?”, se preguntó el profesional de Derecho, tras instar al Congreso a poner en agenda una iniciativa para crear un organismo de atención y protección a la víctima, y testigos que haga más equilibrado el proceso penal.

Subrayó que las garantías constitucionales del debido proceso, así como los medios de asistencia procesal y social que establecen la Constitución y las leyes son para los imputados, así como para las víctimas. Adujo que hay magistrados que aplican las garantías del proceso como si fueran un monopolio de los imputados, olvidando que en la víctima se personifica la sociedad agredida por el hecho punible.

“Existe una Defensoría Pública de imputados en el país y eso es bueno porque se garantizan los derechos fundamentales de los acusados, pero, qué explica que el Estado no destine recursos para igualmente asistir en el ámbito procesal, psicológico y humano a víctimas vulnerables como las de violencia de género o la madre que pierde un hijo por una acción de un delincuente.

Recordó que el artículo 177 de la Constitución dispone que el Estado es responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial, particularmente para la protección de los derechos de las víctimas, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio Público. Además, en la Cámara de Diputados reposa un proyecto de ley en tal sentido, depositado por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.