El Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) autorizó ayer a su Consultoría Jurídica a elevar un recurso de apelación ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), para pedir que sea reconsiderada la resolución que revoca la habilitación de la ARS-UASD.

La resolución se adoptó en una asamblea ordinaria realizada ayer en la Aula Magna, donde estuvieron presentes los afiliados a la ARS-UASD y las autoridades de la academia.

El rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, planteó como posible solución al pago de la deuda utilizar el dinero que se invierte en infraestructura en la universidad, y aseguró que continuará con la solidaridad en salud como hasta ahora.

Propuso que se posterguen algunas de las obras valoradas en cuatro mil 60 millones de pesos, y que parte de ese dinero se utilice para pagar la deuda.

También planteó gestionar que el Estado le garantice RD$57 millones que necesita para ponerse al día con la ley y afirmó que no han podido depositar a la Tesorería de la Seguridad Social por falta de recursos.

En una sesión realizada el pasado viernes, el Consejo Universitario conoció la decisión de la Sisalril de deshabilitar la ARS-UASD y dio poderes al rector y al director ejecutivo del seguro de salud, Fernando Álvarez, para llevar a cabo las iniciativas que entiendan convenientes para buscar una salida al impasse.

Previo a la sesión del Consejo Universitario, las autoridades de la UASD se reunieron con el ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, a quien solicitaron su mediación en el conflicto que afecta a unos 20,000 afiliados, entre profesores, empleados y dependientes.

Caamaño: No cumplió
El superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Fernando Caamaño, afirmó que la ARS-UASD no cumplió con los propósitos de Ley 87-01, en la que está establecido que las Administradoras de Riesgos de Salud tienen por finalidad la gestión del plan de salud obligatorio instituido por esa legislación.

“Como Administradora de autogestión, la ARS UASD debe administrar el plan de salud obligatorio de ley; pero la población beneficiaria, los servidores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no están registrados en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, por lo que esa ARS no recibe per cápita del sistema y, por lo tanto, no tiene afiliados a los cuales administrarles dicho plan”, dijo Caamaño.